John Saxe-Fernández
Que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, Centroamérica y el Caribe son esquemas de intervención y ocupación lo muestra una sucinta revisión de documentos oficiales disponibles en torno al veloz despliegue castrense de Estados Unidos en América Latina, protagonizado esta semana por el acuerdo sobre bases militares entre Estados Unidos y Colombia, que incluye cláusulas que en los hechos se traducen en la apoplejía constitucional de la nación sudamericana y en una amenaza grave a la región: a pesar del rechazo de sus vecinos, Uribe, con arrebato cipayo, cabildea en pro de la ocupación extranjera de Colombia, reforzando todavía más, como lo advierte la Red de la Juventud de Medellín, la presencia de tropa yanqui en bases como Palanqueros, Tres Esquinas y Tolemaida, dando evidencia tangible de que en este país no hay soberanía, ni autonomía, ni independencia”.
Los documentos oficiales indican que además de ofrecer al Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) un uso amplio de bases navales, terrestres y aéreas, tanto para la agresión doméstica como regional, se otorga “inmunidad” ante “crímenes de guerra” cometidos contra la población colombiana, acotando el derecho del Estado de elevar ante instancias como la Corte Penal Internacional acusaciones por la ejecución de crímenes de lesa humanidad por la tropa y oficiales de ocupación.
Información recabada por John Lindsay-Poland, del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) indica que las funciones que se desplegarían en Colombia, como la nueva infraestructura militar en la base de Palanquero, “…no se limitarán a operaciones anti-narcóticos, ni siquiera a operaciones en la región andina”. Según un documento de planteamiento del Comando de Movilidad Aérea (CMA) del Comando Sur, la intención es (literal) “establecer enclaves para contingencias logísticas con alcance de movilidad aérea al continente sudamericano”… “además de una capacidad para operaciones anti-narcóticos hasta el año 2025”, designio sobre el que advirtió a sus homólogos de UNASUR el presidente Hugo Chávez, desde un país con jurisdicción sobre la mayor reserva de crudo conocida, según registro de Petróleos de Venezuela.
A estas alturas cabe recordar, con Michel Chossudovsky, los lazos entre el espionaje de Estados Unidos y la OTAN con el narcotráfico, fuente mayor para el apoyo de múltiples operaciones secretas, como se ha comprobado ya en la génesis y desarrollo de los triángulos de la droga en Asia y en América Latina. Con financiamientos que evaden el escrutinio legislativo-judicial y rebasan en mucho las cifras oficiales del DdD, la operación por el control militar de los recursos naturales y las economías, incluye América Latina como un todo, ya que el programa se dinamiza desde dos puntales: el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Así lo indica la dimensión del sustento logístico contemplado por el Pentágono, que, según esta fuente, también “está buscando acceso a un lugar en la Guyana Francesa que permitiera a las aeronaves militares alcanzar lugares en África, vía las Islas Ascensión”, agregando, que el Comando Sur “buscó el uso de instalaciones en Recife, Brasil; con el mismo propósito, pero las relaciones políticas con Brasil no son favorables para el acuerdo necesario”. Se indica además que, con ayuda del Comando de Transportes, sólo con la base de Palanqueros (que tiene una “pista de 10 mil pies, hangares que albergan 100 aviones, alojamiento para 2000 soldados y oficiales, restaurantes, casinos, supermercado y un sistema de radar instalado todo por el propio Estados Unidos en la década del 90”) el Comando Sur espera “cubrir casi la mitad del continente que puede ser transitado por un C-17 sin recarga de combustible”. Las bases “facilitadas” por Uribe a Estados Unidos permiten al DdD activar fuerzas de despliegue rápido con toda clase de equipo. Estados Unidos y sus monopolios contemplan la balcanización, agresión y ocupación de polos clave de Latinoamérica.
Hoy el mensaje es: “fuera bases de América Latina”.
http://jsaxef.blogspot.com
o la Jornada.Mx
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